La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCYFT) obliga a todos los sujetos que puedan tener conocimiento de actividades de transferencia o movimientos de capitales y que puedan resultar sospechosas o susceptibles de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de acuerdo con los requisitos y parámetros que establece la Ley.
Nuestros expertos acreditados, te asesorarán de manera totalmente personalizada para ofrecerte la solución que mejor se adapta a tu caso.